¿A QUÉ ESPERA EL GOBIERNO DE CAMPS?

¿A QUÉ ESPERA EL GOBIERNO DE CAMPS?

Notapor Demo el 29 de Diciembre, 2008 - 10:53 h.

Que alguien me explique (si sabe o si puede) por qué en la Comunidad Valenciana hay más de trece mil dependientes a las que pese a haberles sido reconocida la prestación correspondiente de dependencia no ha sido elaborado el plan individual de atención por el que se fijan las ayudas para poder cobrarlas. Y por qué las ayudas que se están pagando son únicamente las de bajo coste.Y por qué hay más de cinco mil expedientes no resueltos.
A ver si al final resultará que la Generalitat en esto está haciendo como con el asunto de la dotación de personal de los juzgados de Nules que no las dota de personal para que las medidas de apoyo aprobadas por el Gobierno de Zapatero no puedan ser efectivas.
Parece que falta gente que lleve a cabo las baremaciones. Pues que contraten más personal, ¿no? ¿Qué hacen mientras tanto con los fondos transferidos para la aplicación de la ley?
El colegio de abogados parece que les va a echar una mano. Menos mal...
¿Qué demonios espera el gobierno de Camps para ayudar a la gente que necesita esas ayudas?
Saludos.

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13.000 dependientes no reciben ayuda, pese a tenerla reconocida

Las personas que reclaman el reconocimiento de su dependencia es ínfimo

REBECA LLORENTE - Alicante

29-12-2008
Veinte meses después de la entrada en vigor de la ley, hay 13.331 valencianos que, a pesar de haber sido valorados y de tener reconocida su condición de dependientes, carecen de prestación y, por ello, siguen a la espera de que se les asignen ayudas para hacer frente a su situación. Los últimos datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, del 1 de diciembre, además, indican que el porcentaje de personas que han solicitado el reconocimiento de su situación de dependencia en la Comunidad Valenciana es ínfimo: apenas un 0,7% de la población, la tasa más baja excepción hecha de Madrid (0,4%)

Emilio Guillén, de 57 años y con distrofia muscular, pone rostro a la cifra mareante de dependientes que claman por una efectiva aplicación de una ley que, sobre el papel, dulcificaría la situación que sufren ellos y sus familias. Esta norma, aprobada en vísperas de las pasadas elecciones por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce a las personas en situación de dependencia y les asigna diferentes tipos de prestaciones. Pero estas ayudas parecen tardar en llegar a la Comunidad Valenciana. Durante meses, Emilio, con escasa movilidad dado lo avanzado de su enfermedad, solicitó su reconocimiento. Hace tres fue examinado pero todavía ignora cuál ha sido la resolución y, por tanto, si tiene derecho a algún tipo de ayuda.

La consejería de Bienestar Social, que dirige Juan Cotino, declinó valorar los datos manejados por el Ministerio de Educación y Política Social que retratan la escasa aplicación de esta ley. Según estos indicadores, hay 12.115 personas a las que se ha reconocido que su grado y nivel de dependencia está amparado por la ley y se les ha concedido la prestación que les corresponde (ya sea en una residencia, ayuda a cuidadores familiares o centros de día, entre otras). Sin embargo, hay otras 13.331 personas a quienes, pese a reconocérseles también su situación como dependientes, aún no se les ha elaborado el correspondiente plan individual de atención (PIA) en el que se fijan las ayudas. Además, hay 5.165 expedientes no resueltos entre los que hay personas que ya deberían recibir ayudas.
La demora, explica Salvador Roig, portavoz de CC OO en la comarca de L'Alacantí, se debe, en parte, a la falta de personal para realizar las baremaciones. El retraso en la tramitación de los expedientes ha sido denunciado por los dos últimos titulares de la Sindicatura de Greuges, Emilia Caballero y Carlos Morenilla. Los afectados reclaman la urgencia de estas valoraciones con el fin de que los grandes dependientes y los dependientes severos puedan disfrutar de estas ayudas. De no ser así, muchas llegarán tarde. CC OO alerta también de que los colectivos más gravemente afectados y con una situación de dependencia severa "no están siendo, en su mayoría, objeto de prestación de servicios". El sindicato denuncia que el Consell no está desarrollando el catálogo de servicios. El único que ha crecido espectacularmente (de una persona a 1 de octubre a 3.489, a 1 de diciembre) son las prestaciones al cuidador familiar, es decir, las menos dotadas económicamente y las menos profesionalizadas, según CC OO. Otro de los servicios que tampoco está prescribiendo Bienestar Social es el recurso de ayuda a domicilio y el del asistente personal, el más demandado por la población. La organización hace hincapié en que la configuración de una red de dispositivos para la atención a la dependencia no solamente es beneficiosa para este específico colectivo sino que resulta un sector estratégico por su potencialidad para crear empleo e infraestructuras. Esta red de servicios generaría, según el sindicato, un formidable número de puestos de trabajo.

Otro de los aspectos que muestran las estadísticas del Gobierno estatal es que la Comunidad Valenciana sigue a la cola entre los solicitantes de ayudas a la dependencia. El Ministerio que dirige Mercedes Cabrera, estima que el 11% de la población valenciana es dependiente pero sólo 34.145 personas (el 0,7% de los cinco millones de valencianos) han cursado su solicitud. Los teóricos beneficios de esta ley, por tanto, apenas tienen incidencia en la Comunidad Valenciana porque el grueso de los dependientes ni siquiera ha solicitado sus prestaciones. Salvador Roig atribuye el bajo porcentaje de solicitudes de los afectados a la desinformación y a la nefasta gestión que ha hecho el ejecutivo de Camps.

Primero fue el propio José Luis Rodríguez Zapatero quien acusó a la Comunidad de Madrid de boicotear la ley, extremo que posteriormente han denunciado también los trabajadores sociales de la Comunidad Valenciana. Los últimos en echarse a la calle han sido los propios afectados para exigir la aplicación de la norma.





Asistencia letrada gratuita

La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia de Alicante ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Abogados de la capital para la puesta en marcha de un turno de oficio que asesorará gratuitamente a los dependientes, en espera de ser valorados o a expensas de la asignación de la prestación, y les representará en caso de iniciar un recurso contra la Administración por la vía contencioso administrativo.
Emilio Guillén, miembro de la plataforma, arguye que de esta manera todos los afectados podrán recurrir a la vía legal "para exigir a la Generalitat que cumpla la ley" sin estar condicionados por los costes que les acarrearía la contratación de un abogado particular. El turno comenzará a funcionar, según Guillén, a partir del mes de enero, si bien todavía ignora el número de letrados inscritos en el mismo.

Por otra parte, ayer, la secretaría autonómica de Autonomía Personal y Dependencia informó de que 7.648 personas mayores dependientes están recibiendo ayudas económicas por la atención y asistencia que reciben de cuidadores no profesionales en su entorno familiar por un importe de 11,58 millones de euros. Del total de ayudas gestionadas, según el Consell, el 78% corresponde a mayores dependientes y el resto a discapacitados. Las prestaciones económicas oscilan entre los 180 y los 590 euros mensuales.

La Ley de Promoción de la autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia incluye prestaciones que van destinadas a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
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¡EL QUE ESPERA,DESESPERA!

Notapor pal`pel el 29 de Diciembre, 2008 - 11:29 h.

La Ley de Dependencia, colgada del hilo de los presupuestos y la descoordinación
13-10-2008 02:57:57

S. R.

MADRID. La aplicación de la Ley de Dependencia, una de los proyectos estrella del Gobierno de Zapatero, pende de un hilo. Las quejas de la mayor parte de las autonomías, que son las que deben desarrollar la norma, y de numerosos agentes sociales son generalizadas y coincidentes: falta coordinación, no hay una puesta en común de criterios ejecutivos y de resolución de los trámites y, sobre todo, no llega el dinero del Estado para desarrollar un proyecto cuyo fondo nadie rechaza, pero que no acaba de tomar una forma definida para su aplicación efectiva.

Frente al malestar en las comunidades, la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, anunció durante una de sus comparecencias en el Congreso que el Gobierno aumentará en un 33 por ciento la financiación de la Ley, alcanzando los 1.158 millones. A pesar de ello, a las Autonomías les siguen sin salir las cuentas.

«Dolor de cabeza»

En el caso de Cataluña, el desarrollo de la ley se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para la Generalitat, que denuncia que la norma supone una inversión de 3,25 euros por beneficiario por cada euro que invierte el Estado. Una proporción que el Gobierno catalán no está dispuesto a mantener en el próximo ejercicio, motivo por el cual ha denunciado ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera que la partida destinada a Dependencia en los PGE es insuficiente.

Tras la denuncia, la Generalitat confía en que el Gobierno amplíe la dotación para proseguir el desarrollo de la ley. De lo contrario, ya ha advertido de que suspenderá el desarrollo de la siguiente fase de la norma, que en la actualidad cubre a los dependientes de tercer grado. No en vano, su aplicación está suponiendo un fuerte desgaste para el tripartito catalán. Así, la asociación Papas de Alex, de apoyo a las familias con hijos discapacitados, ya ha denunciado al Gobierno autonómico por los retrasos en el pago de la ayudas.

De «absoluta locura» califican desde la Generalitat Valenciana la financiación estipulada para atender la ley, ya que de los 241 millones que fijó el Consejo Territorial sólo corresponderían a la Comunidad 25,1 millones para este año, de los que «todavía no se han visto ninguno», según la Consejería de Bienestar Social.

También califican de «fiasco» la asignación presupuestaria de 110 millones para el próximo año, «sobre todo si tenemos en cuenta que nuestros gastos actuales para atender a mayores y discapacitados es de 360 millones». En la Comunidad Valenciana existen más de 18.300 personas que habiendo presentado la solicitud no han sido reconocidos como dependientes a los efectos de la Ley. En este punto hay desavenencias con el Gobierno central, al que se le achacan fallos en el registro debido a «errores del sistema informático».

Otro frente en el bipartito

En Galicia, el bipartito tiene otro frente intestino abierto con la aplicación de esta ley. La secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Adoración Fernández, ha hecho saltar la liebre, al demandar mayor transparencia y celeridad en su aplicación. Directamente, preguntó al vicepresidente de la Xunta y portavoz del BNG, Anxo Quintana, «dónde está el dinero que, fruto de la ejecución del presupuesto previsto por su Consejería, deberían estar cobrando ya los cuidadores».

Según explicó, en los presupuestos de la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar había más de 100 millones, destinados exclusivamente para este abono, además de otras dotaciones para centros de día y otros recursos. «Debería ser, por tanto, una demostración de la responsabilidad política e institucional que se le presupone al señor Quintana, hacer efectivos los pagos de las ayudas».

En Navarra, la partida del gasto social destinada a la financiación de la ley será de 4,7 millones, un 38 por ciento más que en 2008. Así, el incremento es mayor en la Comunidad foral que el anunciado por el Gobierno para el conjunto de España (33 por ciento). Navarra tiene un régimen fiscal y financiero propio y distinto al resto. Por ello, en la financiación de la dependencia, el Estado no transfiere ninguna cantidad económica a la Comunidad de forma directa y se ocupa sólo del 9 por ciento de su coste. Esto se debe a un acuerdo entre Navarra y el Estado después de un tenso periodo en el que el Gobierno foral llegó a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley.

Las críticas son también voraces en el País Vasco. El PNV considera que el despliegue de la ley «está tardando demasiado» y ha advertido de que la inyección de dinero «está resultando escasa a todas luces para los servicios que se tienen que ofrecer».

Desde Asturias se añade un nuevo matiz a la polémica. La responsable de Bienestar Social, Teresa Ordiz, acusó a las comunidades gobernadas por el PP, y en particular a la de Madrid, de «hacer caja» con los fondos que les transfiere la Administración central para financiar el desarrollo de la ley, ya que cree que los expedientes se sitúan incluso por debajo de las previsiones iniciales.

Reclamación contundente

La Consejería de Bienestar Social de Asturias ha recibido 20.800 peticiones de ayuda y suma ya 4.442 personas beneficiarias. El Gobierno asturiano asume el 80% del coste de la aplicación de la Ley de Dependencia, a pesar de que la Administración regional sólo debería hacerse cargo de la mitad del gasto. Con estas cifras, es más que evidente que los 27 millones de euros comprometidos por el Estado para 2008 no serán suficientes. El Principado, presionado por las cuentas y por la oposición, le reclamará «contundentemente» 20 millones extra para acabar el año.

Desde la Comunidad de Madrid se defienden aportando cifras concluyentes. Así, se asegura que de cada 100 euros destinados por persona, la Administración madrileña aporta 69 y el resto llega del Estado. El Ejecutivo regional también critica que no existe un marco regulador sobre la materia, por lo que «el Gobierno del Zapatero está sembrando un terreno propicio para que en España haya 17 sistemas distintos de Atención a la Dependencia».

La Comunidad madrileña mantiene, además, que Zapatero «ha comenzado su particular plan de austeridad recortando las ayudas a las personas que más lo necesitan. En total, el Gobierno de España disminuirá en, al menos, 4 millones de euros su aportación a la Comunidad de Madrid para la atención y prevención de la dependencia en 2008».

A punto de cerrar

En algunas comunidades, la situación comienza a resultar insostenible. En Canarias, todos los centros, entidades y asociaciones relacionadas con la discapacidad han denunciado estar al borde del cierre si no reciben de manera inmediata las partidas económicas prometidas por el Gobierno de Canarias desde el año 2006 y establecidas en los acuerdos contenidos en el PAD (Programa Sociosanitario de Atención a la Discapacidad en Canarias).

La Plataforma de Asociaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es la que ha dado la voz de alarma ante la grave situación, motivada por la «precariedad económica» en la que se encuentran los centros por el «lamentable retraso de la puesta en marcha de la ley».

La aplicación de la norma también ha levantado ampollas políticas en Castilla-La Mancha. El pleno de las Cortes aprobó en su última sesión una resolución en la que instaba al Gobierno central a que reconociera el esfuerzo de la región en la atención a las personas dependientes y que ese reconocimiento se vea reflejado en la financiación del sistema en la comunidad.

El pleno probó con los votos de la mayoría socialista una resolución en la que se pide a la Junta que todos los años siga incrementando un 15% el presupuesto para discapacidad. Sin embargo, fue rechazada un resolución del PP en la que, entre otras medidas, se pedía que el Gobierno garantizara la estabilidad de las prestaciones hasta la terminación de la implantación de la ley en 2015.

Tampoco se ve el panorama despejado en La Rioja, a pesar de que su presidente, el popular Pedro Sanz, reconoce el incremento planteado en los PGE para la atención a la dependencia. Sin embargo, advierte de que «si las Comunidades tenemos que pagar el 85% y el Estado únicamente el 15%, tendremos dificultades». Sanz explicó que en 2009 aumenta notablemente el número de beneficiarios de las prestaciones que regula la Ley dado que se amplía a las personas con dependencia severa de nivel 1. Y es que el Gobierno de La Rioja ha puesto de manifiesto desde el principio la «insuficiente financiación» procedente de la Administración central para aplicar la Ley de Dependencia. En esta materia, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha su propio Sistema Riojano de Dependencia para dar cobertura a más personas y colectivos de los recogidos en la ley nacional.

Lejos de lo prometido

La falta de dinero para desarrollar la ley también es una queja recurrente del Gobierno murciano. Su presidente Ramón Luis Valcárcel, acusó al Ejecutivo central de «no cumplir con sus compromisos presupuestarios», ya que la Administración autonómica costea actualmente «más del 60 por ciento» de la aplicación de dicha normativa. Valcárcel reprocha que se está muy lejos «del reparto a partes iguales al que se comprometió el Gobierno de Zapatero».

Castilla y León también denuncuia que los recursos económicos no llegan. El Gobierno regional asegura que el Estado tiene pendiente de abonar a Castilla y León 34 millones de euros, ya que de los 90 que debería haber ingresado correspondiente a los años 2007 y 2008, sólo han llegado 34. Se da, además, la circunstancia de que de los 34 millones de euros pendientes, 15,2 corresponden al pasado ejercicio.

Desde el Gobierno de Castilla y León se asegura que no hay intención de suspender la aplicación de la Ley de Dependencia, pero recuerdan que las dificultades para la aplicación de esta norma básica (falta de regulación por parte del Estado de los criterios para la calificación y acreditación de los centros, sistemas de baremación común y fórmulas de copago entre las diferentes administraciones) son tantas que al final ha obligado a que fuese la Comunidad la que el pasado año regulase estos aspectos.

Tampoco acaba de arrancar la normativa en Cantabria, de hecho, el PP ha advertido que velará por que no haya «ningún recorte» presupuestario, al tiempo que vigilará su aplicación y gestión en la región que, en la actualidad, es «más que deficiente». De hecho, medio centenar de jubilados de UGT han reclamado al Gobierno autonómico un mayor grado de cumplimiento así como «más agilidad y menos burocracia» en su aplicación. Desde el Ejecutivo cántabro, acusan a la oposición de «manipular» los datos y aseguran que Cantabria se sitúa a la cabeza de España.

El Ejecutivo balear también se suma a la opinión mayoritaria de que es necesaria una mayor implicación por parte del Estado en la financiación de la Ley, ya que hasta ahora la mayor parte de los recursos los está poniendo la Comunidad. La consejera de Asuntos Sociales del Ejecutivo balear, Josefina Santiago, considera también que debería tenerse en cuenta el hecho insular a la hora de recibir fondos por parte del Gobierno.

Ritmo «inadmisible»

Por contra, el Gobierno aragonés PSOE-PAR afirma que la tramitación de las ayudas va relativamente bien, a tenor de cómo anda en el resto de España. Sin embargo, desde el PP consideran que es «inadmisible» el ritmo que se está siguiendo. Reprochan que se hayan generado expectativas con una ley que, después, no se cumple en la práctica. «Los hechos están demostrando que fue una ley totalmente electoralista», asegura Rosa Plantagenet, diputada del PP en las Cortes de Aragón.

En Andalucía tampoco hay protestas por parte de la Junta, pero sí se ha criticado el retraso que existe tanto en las valoraciones del grado de discapacidad como en la dotación del recurso. En todo caso, la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, ha admitido que se han dictaminado 105.733 andaluces que tienen una situación de gran dependencia.

El Partido Popular no cree en estos números y reclama mayores fondos de los que previsiblemente van a llegar. IU dice que si este capítulo no tiene asignada una cuantía que vaya por encima de los mil millones, no se va a poder desarrollar con garantías.
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Re: ¿A QUÉ ESPERA EL GOBIERNO DE CAMPS?

Notapor Demo el 29 de Diciembre, 2008 - 12:08 h.

Si con ese copy pretendes defender al gobierno valenciano, allá tú. Supongo que tú no eres o no te harás mayor y que prefieres defender a un partido, el pp valenciano, que no pone los medios necesarios para la aplicación de la ley.
Que bareme a la gente que tiene solicitadas las ayudas por lo menos ¿no crees? Y si es necesario que financie o adelante los fondos necesarios para que la gente que al día de hoy lo necesite, tenga ayuda.
A mí me importa un pimiento cómo pueden hacer llegar las ayudas. La Comunidad Valenciana es la segunda más endeudada del país por culpa de los gastos "extras" y construcciones espectaculares, eventos de ópera (que no han sido capaces de subvencionar para los que no nos podemos gastar 150 euros en una entrada, por cierto) copas de américa e historias que todos los días se sacan de la manga para gastar, gastar y gastar. La financiación por el "método alemán" que llegue también a los que necesitan ayuda para vivir, digo yo. Que adelanten fondos y que se apañen luego con el gobierno central. Y que dejen de gastar el dinero que les llega en esas "transferencias de créditos" que todos los días se ven en el DOG.
Y si tú defiendes a un partido por defenderlo, sólo porque es de derechas (supongo que como tú, de lo contrario no se entiende esa defensa de copy), espero que tengas la cuenta corriente del banco tan llenita que no necesites nunca la ayuda del estado para sobrevivir.
Saludos.
Demo
 
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